La tierra de todos: Suárez empieza a legalizar sus bienes comunitarios

Durante mucho tiempo, la no legalización de predios comunitarios fue la excusa para que no llegara inversión a los territorios. Hoy esta realidad está cambiando gracias al alcalde César Cerón y a un trabajo conjunto con la Agencia Nacional de Tierras que promete darle seguridad jurídica a espacios que han sido el corazón de la vida comunitaria en Suárez: escuelas, canchas, salones comunales.

En cada barrio y vereda de este municipio del norte del Cauca, esas estructuras han sido levantadas con mingas, rifas, bazares y, sobre todo, con la terquedad de las comunidades que nunca han esperado demasiado del Estado. Sin embargo, siempre pesaba la misma traba: al no estar formalizados, esos predios quedaban en un limbo jurídico que impedía que el municipio destinara recursos para repararlos, ampliarlos o dotarlos.

“Este trabajo que nos encontramos realizando en estos momentos es para el programa de formalización de bienes de uso público o entidades de derecho público (EDP), que corresponden a predios de uso comunitario”, explica con precisión Carolina Hurtado, topógrafa de la Secretaría de Planeación e Infraestructura. Ella ha recorrido vereda tras vereda con su equipo de ingenieros, cargando aparatos de topografía y anotando linderos, colindantes, mojones. Sabe que detrás de cada medición no solo hay un trámite: hay historias, hay comunidad.

El proceso empezó hace un par de años, cuando la Administración convocó a los presidentes de las juntas de acción comunal para identificar predios baldíos que pudieran entrar en el programa. La respuesta fue contundente. La Agencia Nacional de Tierras recibió la información y devolvió un listado: de todos los presentados, 55 predios cumplían con los requisitos. Hoy, tras las visitas técnicas, 53 están listos para avanzar en la formalización.

En términos sencillos, cuando lleguen las resoluciones de adjudicación y las escrituras oficiales, esos terrenos dejarán de estar en tierra de nadie y pasarán a ser, formalmente, de todos. “Es de vital importancia que estos predios pasen a nombre del municipio, porque solo con las resoluciones de adjudicación y las escrituras oficiales podremos invertir en su adecuación y mejoramiento”, puntualiza Hurtado, con la convicción de quien ve en su trabajo una puerta abierta para la inversión pública.

En una cancha de tierra, donde los niños aún improvisan porterías con piedras, la noticia suena a promesa. En un salón comunal con techo remendado, a esperanza. Y en las escuelas rurales, muchas veces construidas con paredes de madera y techo de zinc, la formalización es sinónimo de futuro.

La expectativa ya se siente en las comunidades. “El día de hoy me encuentro acompañando la Comisión de Topografía de la Agencia Nacional de Tierras, porque este es un trabajo que necesitamos todas las veredas, porque en realidad, para que llegue un auxilio a una escuela, tiene que tener la escritura. Si no hay escritura, no hay nada para poder sustentar que están a nombre del municipio”, dice Daniel Rodríguez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Arenal.

En Suárez, donde tantas veces el abandono ha sido noticia, hoy la legalización de la tierra comunitaria se convierte en la semilla de un relato distinto: uno en el que la comunidad, el Estado y la esperanza empiezan a caminar de la mano.